La victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la desmilitarización y la ocupación de Japón. Desde entonces, y respondiendo tanto al crecimiento económico nipón como a los cambios geopolíticos en la región y a las necesidades de Estados Unidos, el país ha experimentado una constante remilitarización. Este hecho, sin embargo, ha suscitado siempre una gran controversia entre la opinión pública.
El panorama de postguerra: la Constitución pacifista y la Doctrina Yoshida
La política de seguridad nipona experimentó un cambio radical tras la Segunda Guerra Mundial cuando, bajo la ocupación militar de los Estados Unidos, se redactó la Constitución de 1946. Este pacifismo impuesto supuso el fin del nacionalismo militar que dominaba la política japonesa desde la Restauración Meiji, ideología ejemplificada en el lema de la época Fukoku kyohei (enriquecer el Estado, fortalecer el ejército).
Con el nuevo articulado antibelicista, la nueva gran potencia estadounidense se aseguraba de anular toda amenaza procedente del principal responsable de alterar el status quo en Asia durante la contienda. Además, forzaba a un devastado Japón a depender de las relaciones de seguridad con EEUU, quien podría hacer uso del país como pivote en la zona de Asia Pacífico.
- El Ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, firmando la rendición de Japón. Fuente: Japan Times
Concretamente, el Capítulo II de la Constitución recibe el título de “Renuncia a la Guerra”, y tiene en su haber un único artículo: el controversial artículo 9. Este recoge que “los japoneses renuncian para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza al uso de la fuerza como medio de resolver disputas internacionales”. Para dicho fin, “fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como cualquier otro potencial de guerra, no serán nunca sostenidos. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”.
Así, Japón no contó con ningún tipo de fuerzas armadas hasta la creación en 1950 de la Reserva Nacional de Policía, la cual recibiría brevemente el nombre de Fuerzas Nacionales de Seguridad para, en 1954, establecerse definitivamente como las Fuerzas Nacionales de Autodefensa (SDF por sus siglas en inglés). Ese mismo año nacería también la Agencia de Defensa Japonesa.
La creación de esta pequeña, aunque polémica, fuerza respondió principalmente a las presiones de los Aliados, preocupados ante el repunte de la Guerra Fría en Asia. La Guerra de Corea constituyó el detonante definitivo para el comienzo de la remilitarización nipona.
Debido al debate generado en torno a la constitucionalidad del SDF la Corte Suprema japonesa tuvo que pronunciarse en 1959 para establecer que la existencia de estas fuerzas no suponía una violación de la Constitución debido a su carácter defensivo. La Corte respaldaba así el argumento del gobierno, quien venía alegando que no era inconstitucional mantener fuerzas con escaso potencial bélico ni utilizarlas para defender al país de una invasión directa.
Para intentar conciliar a las diferentes corrientes de la política exterior japonesa, el gobierno del Primer Ministro Yoshida Shigeru adoptó unas líneas políticas que acabarían siendo conocidas como “Doctrina Yoshida”. Según esta doctrina, Japón constituiría un “estado mercantilista ligeramente armado”. Sus líneas principales consistían en que el país se centraría en la recuperación económica para “alcanzar a Occidente”, manteniendo un perfil de bajo nivel en el panorama internacional, y confiando principalmente a Estados Unidos la seguridad nacional.
De esta manera Tokio conseguía escudarse en el artículo 9 de la Constitución para mantenerse al margen de la dinámica de Guerra Fría y, por ende, quedar excluida de la participación en la seguridad colectiva, del envío de tropas al exterior, de la inversión armamentística, etc.
Las relaciones con Estados Unidos
Respondiendo a la Doctrina Yoshida, el Tratado de Seguridad de 1952 firmado con los Estados Unidos recogía que estos asegurarían la seguridad de Japón. El país nipón se subordinada a los esquemas de seguridad estadounidenses, proporcionándole el uso de sus bases militares sin necesidad de consulta.
Un año antes ambas naciones habían firmado el Tratado de Paz de San Francisco por el cual se ponía fin a la ocupación estadounidense de Japón. Sin embargo, la soberanía de Okinawa quedaba fuera de este tratado, y la isla no le sería devuelta a Japón hasta 1972.
Bases militares estadounidenses en Okinawa. Fuente: The George Washington University
La revisión en 1960 del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad supuso un reequilibrio en las relaciones bilaterales. Las fuerzas de EEUU perdían la capacidad de intervenir en cuestiones de seguridad interna, y la defensa de Japón requeriría una mayor participación por parte de los nipones. Se establecía la cooperación en caso de ataque armado contra alguna de las partes en el área administrativa de Japón. Además, EEUU perdía la capacidad de utilizar las bases japonesas sin consultar con el gobierno nipón cuando el objetivo no fuese la defensa del país.
El tratado ha convertido a Japón en un pivote estratégico fundamental para el despliegue de fuerzas estadounidenses en Asia. Han sido numerosas las ocasiones en las que Washington hizo uso de las bases niponas para su estrategia de contención del comunismo en Asia, siendo las guerras de Corea y de Vietnam los principales ejemplos.
Además, la obligación de cooperar con los Estados Unidos en caso de que se produjese un ataque ha servido a los sucesivos gobiernos liberales japoneses para continuar, aunque fuese lentamente, con la remilitarización del país, sorteando las críticas de la opinión pública y de los partidos de izquierdas.
Los Estados Unidos volvieron a impulsar el proceso de remilitarización tras el fracaso en la Guerra de Vietnam con la introducción de la Doctrina Guam. Con ella Nixon alentaba a sus aliados asiáticos a reforzar sus propias capacidades defensivas. Ante esta situación, Japón crea unas fuerzas militares limitadas pero suficientes para proteger la nación en caso de ataque directo de pequeña escala, bajo el auspicio del Programa Nacional de Defensa (PND) de 1976.
La década de los 90: hacia la normalización militar
En los años noventa Japón ya se había consolidado plenamente como una potencia económica de primer orden. Llevaba décadas como miembro de varias de las mayores organizaciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional (1952), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1955), las Naciones Unidas (1956), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1964) y el G-7 (1983).
Desde la década de los setenta, y particularmente en los ochenta, el gasto en defensa no había dejado de crecer, superando los 30 mil millones de dólares constantes en 1988. A pesar de que se había impuesto la regla no escrita de que el gasto de militar no podía superar el 1% del PIB, dado el tamaño de la economía japonesa, aun con esta barrera ideológica el gasto militar japonés figuraba entre los más elevados del mundo.
Gasto militar de Japón en miles de millones de yenes. Fuente: Word Bank
Por tanto, establecida como una de las principales potencias mundiales, la comunidad internacional empezó a requerir cierto compromiso por parte de Tokio. Particularmente decepcionante fue la negativa de la Dieta a participar en la Guerra del Golfo de 1991. En vez de enviar tropas bajo el auspicio de la ONU, Japón optó por proporcionar 13 millones de dólares para la contienda.
Para evitar que se repitiese la situación de 1991, un año más tarde se aprobó la Ley de Cooperación para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz Internacional. Aun así, seguía siendo necesario aprobar una ley ad hoc para enviar tropas del SDF bajo bandera de la ONU, y además con estrictas limitaciones, como que las partes del conflicto deben haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego.
Basándose en esta ley Japón ha participado desde entonces en numerosas operaciones: en Camboya, Angola, Ruanda, los Altos del Golán, Timo Oriental, etc.
El final de la Guerra Fría trajo consigo nuevos retos para la región de Asia Pacífico. Las sucesivas revisiones del Programa Nacional de Seguridad denotan el final de la concepción bipolar del mundo y el surgimiento de nuevas amenazas para la seguridad del país del sol naciente. La revisión de 2004, en vistas particularmente de los ensayos balísticos de Corea del Norte, recoge la creación de una fuerza de defensa más efectiva y multifuncional, capaz de hacer frente a los nuevos retos.
Este proceso de normalización militar japonesa lleva décadas provocando un arduo debate en la nación. Frente a aquellos que abogan por reducir las fuerzas militares al mínimo, encontramos posturas que no solo defienden mayor operabilidad e independencia de Washington, sino incluso la adquisición de armamento nuclear.
El panorama geopolítico al que tiene que hacer frente Tokio en el presente es radicalmente distinto a aquél de la posguerra. Numerosos factores, como la idiosincrasia nipona surgida tras la derrota, han condicionado y continuarán condicionando el proceso de militarización del país, pero los nuevos imperativos geopolíticos obligan a Japón a replantearse hasta qué punto debe continuar por el sendero que lleva recorriendo desde 1946.
Teresa Romero
Redactora de OHRE
Categorías:Asia Oriental, DEFENSA